Cubrí quince años la fuente educativa en México. En ese tiempo aprendí que el poder miente de frente, pero también por omisión, por opacidad, por falta de datos que “no existen” hasta que la realidad se impone.
Documenté licitaciones de equipo de cómputo con sobreprecios y proveedores que se enriquecieron al amparo de la compra de computadoras. Reporté, el descontrol de una nómina magisterial que durante años nadie —ni la propia autoridad— podía explicar con precisión: cuántas plazas existían, quién las ocupaba, cuántas estaban duplicadas o cobradas por personas que no daban clase.
También empujé, muchas veces contra el silencio institucional, para que existieran datos estadísticos confiables sobre la educación pública, en un país que durante décadas gobernó sin saber con estimaciones sobre número de escuelas, alumnos y docentes. Y hoy incluso no sabe si las niñas, niños y adolescentes aprenden en la escuela.
Esto no es anécdota. Es periodismo. Investigar al poder significa pedir información que no quieren darte, cruzar cifras que no cuadran y sostener una nota cuando la fuente oficial prefiere el silencio a la respuesta. Ninguna de mis notas fue aplaudida por las y los funcionarios en turno. Ese es precisamente el punto: si no incomoda, no es periodismo; es relaciones públicas.
Por eso me detengo cuando escucho a una funcionaria del Ejecutivo federal (la escrutadora)—sin facultades legales para ello— presentar un mapa de periodistas y medios clasificados en “capas” de un supuesto ecosistema digital de amplificación, porque vi al poder deja de ser objeto de escrutinio y convertirse en sujeto que escruta a quien lo escruta.
No hay duda de que las redes sociales cambiaron la velocidad y el alcance de la información. También existen fenómenos reales de coordinación artificial: bots, cuentas automatizadas y campañas pagadas de desprestigio. Es legítimo estudiarlas.
El problema es quién hace ese análisis, con qué facultades, con qué metodología y con qué consecuencias para quienes aparecen señalados.
Y presenta como revelación un análisis técnico muy pobre, porque confunde alcance orgánico con coordinación artificial, trata la viralización de una crítica como evidencia de una operación, lo que requiere algo más que un mapa de cuentas y flechas. Se necesita evidencia técnica: patrones de creación de cuentas, similitud de contenidos, ventanas de publicación, trazabilidad de financiamiento. Nada de eso puede darse por demostrado solo porque aparece en una presentación oficial.
Un gobierno puede y debe responder a información falsa sobre su gestión. Puede corregir, aclarar y ejercer su derecho de réplica. Pero replicar no es catalogar. Replicar es responder a una afirmación concreta con evidencia concreta. Catalogar es construir un mapa de periodistas, medios y cuentas, colocarlos bajo etiquetas que sugieren coordinación y hacerlo desde el poder público.
Lo primero fortalece el debate. Lo segundo lo enrarece.
La pregunta de fondo no es si existen campañas de desinformación. Las hay, de todos los signos políticos. La pregunta es si un gobierno democrático puede combatirlas sin convertirse él mismo en árbitro del debate público.
El Estado debe defender la verdad con datos, no con listas; corregir con hechos, no con mapas de sospecha. Después de quince años de pedirle cuentas al poder, tengo claro algo: el periodismo no está para ganar la narrativa. Está para preguntar qué hay detrás de ella.
Y esa es, precisamente, la razón por la que debe seguir incomodando.