Hay políticas públicas que no desaparecen porque alguien las derogue. Simplemente un día dejan de existir. O, peor aún, quedan en un limbo hasta que les estalla la realidad. Eso fue exactamente lo que ocurrió con las escuelas militarizadas para población civil. Se les olvidaron. No en este sexenio, por décadas.
Las escuelas militarizadas no surgieron por ocurrencia. Nacieron en plena Segunda Guerra Mundial. En 1942, el general J. Félix Bañuelos fundó la Academia Militarizada México y, un año después, el gobierno publicó el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar.
El modelo era claro. La Secretaría de Educación Pública autorizaba el funcionamiento de los planteles. La Secretaría de la Defensa Nacional aprobaba la instrucción militar, los uniformes, los instructores y supervisaba su operación.
Casi cuarenta años después, en 1982, el entonces secretario de Educación, Fernando Solana, volvió las reconoció en el Acuerdo 96 para la organización de las escuelas primarias. El artículo noveno establecía que las escuelas podían ser militarizadas siempre que contaran con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Hasta ahí existía una ruta institucional. Después ocurrió algo extraño.
En 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, se reformó el reglamento de 1943.
Y la función relacionada con la instrucción militar para población civil simplemente desapareció.
No fue sustituida por otra dependencia. No se transfirió a otra autoridad. No se explicó en los artículos transitorios. Simplemente dejó de aparecer.
Mientras el país discutía la Alianza por la Calidad de la Educación, la guerra contra el narcotráfico y el conflicto poselectoral, un pequeño sistema de escuelas militarizadas quedó fuera del radar del Estado.
Después llegó la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. La prioridad fue recuperar el control de las plazas docentes, crear el Servicio Profesional Docente y enfrentar la resistencia magisterial. Las escuelas militarizadas siguieron ahí. Olvidadas.
Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocurrió algo parecido. La prioridad fue desmontar la reforma educativa anterior y construir la Nueva Escuela Mexicana.
Otra vez, nadie pareció preguntarse qué ocurría con ese pequeño grupo de escuelas que seguía operando bajo reglas de otra época.
Así pasaron tres presidentes y diez secretarias y secretarios de Educación: Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio, José Ángel Córdova, Emilio Chuayffet, Aurelio Nuño, Otto Granados, Esteban Moctezuma, Delfina Gómez, Leticia Ramírez y Mario Delgado.
El tema volvió a aparecer únicamente después de la muerte de una estudiante en una escuela militarizada de Tamaulipas.
Entonces todos voltearon a ver un sistema educativo del que ni siquiera existe un registro público confiable sobre cuántas escuelas lo integran.
Lo más preocupante no es que existan escuelas militarizadas. Lo preocupante es que durante casi dos décadas el Estado mexicano simplemente “las olvidó”
No fue una reforma.
No fue una política pública.
Fue, literal, un olvido.
Y, como suele ocurrir en educación, los olvidos también tienen consecuencias.